El Gobierno Nacional procedió a la revocatoria directa del Decreto 973 de 2026, instrumento reglamentario del marco institucional para los mercados de carbono en Colombia. La decisión se fundamenta en la causal del numeral primero del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, impactando la seguridad jurídica del sector ambiental, a las autoridades reguladoras y a los agentes económicos intervinientes en estos esquemas de mitigación.
⚖️ ¿Qué pasó?
El Gobierno Nacional expidió la decisión mediante la cual derogó en su totalidad el Decreto 973 de 2026. Dicha norma reglamentaba el artículo 22 de la Ley 2169 de 2021 y el artículo 175 de la Ley 1753 de 2015, modificado por el artículo 230 de la Ley 2294 de 2023, incorporando disposiciones relativas a las condiciones, criterios e institucionalidad de los mercados de carbono dentro del Decreto 1076 de 2015.
La motivación de la administración pública obedeció a la configuración de la causal prevista en el numeral 1 del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011. El Ejecutivo consideró que el cuerpo normativo presentaba una manifiesta oposición a la Constitución Política, procediendo a su retiro del ordenamiento con efectos hacia el futuro.
📌 ¿Por qué importa?
La revocatoria directa de un decreto reglamentario por manifiesta inconstitucionalidad constituye un mecanismo extraordinario ejercido por la propia administración. Esta determinación evidencia la tensión técnica y dogmática en la estructuración de políticas públicas ambientales sobre mercados de carbono frente a los postulados superiores de la Carta Política.
Para los operadores del sistema jurídico y la administración pública, la supresión del marco institucional preexistente abre un compás de espera regulatorio. Las salvaguardas constitucionales invocadas demandarán la reconfiguración de los criterios de validación y verificación del impuesto al carbono y sus mecanismos de no causalidad.
🏛️ El contexto jurídico
En el plano sustantivo, el Decreto 973 de 2026 pretendía desarrollar los mandatos de la Ley 2169 de 2021 sobre carbono neutralidad y las disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo fijadas en la Ley 2294 de 2023. Al adicionarse al Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible (Decreto 1076 de 2015), la norma ostentaba rango reglamentario derivado de la potestad del artículo 189 numeral 11 constitucional.
Frente a dicho acto administrativo, el Gobierno acudió al procedimiento de autotutela regulado en la Ley 1437 de 2011. Al sustentarse en la vulneración manifiesta de normas constitucionales, el Ejecutivo ejerció la potestad de dejar sin efectos las disposiciones previamente dictadas, suprimiendo la adición normativa realizada en el Decreto 1076 de 2015.
🧭 ¿Qué puede cambiar?
Hecho confirmado: Con la revocatoria acordada, se suprime de forma inmediata el Capítulo 15 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1076 de 2015. En consecuencia, cesan hacia el futuro los efectos jurídicos del esquema reglamentario instituido por el Decreto 973 de 2026.
Interpretación: La decisión adoptada implica que el Gobierno Nacional deberá formular una nueva propuesta técnica o normativa que subsane los vicios de constitucionalidad advertidos. Mientras esto no ocurra, la vigencia del marco sustantivo dependerá de la aplicación directa de las leyes ordinarias vigentes y las normas reglamentarias no afectadas.
Posible impacto: Los agentes del mercado, estructuradores de proyectos de mitigación y litigantes ante la jurisdicción contencioso administrativa deberán evaluar las contingencias derivadas de los actos ejecutados bajo la vigencia temporal del decreto suprimido, así como la redefinición de los requisitos para la certificación de carbono en el país.
📚 Fuentes oficiales y documentales consultadas
- Gobierno revoca Decreto 973 de 2026, que regulaba mercados de carbono — Ámbito Jurídico (ambitojuridico.com)
